Dos asuntos de especial importancia concentran la atención y la preocupación de los colombianos: la búsqueda de la paz y las elecciones territoriales 2023. Esa relación es inescindible, dado que en numerosos municipios y algunas capitales la afectación a sus habitantes por el conflicto armado no da tregua: alteración del orden público, matanzas, desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, secuestros y el miedo generalizado.
Si bien es cierto esta crisis humanitaria acaece en Colombia hace décadas, uno de los aciertos del actual Gobierno Nacional ha sido la persistencia en la búsqueda de la paz mediante estrategias persuasivas y legales.
Lo anterior no significa que la manera como el Gobierno asume y desarrolla los procesos, los acuerdos sobre cese al fuego temporal, entre otros asuntos, sean ideales o estén exentos de revisión. En nuestro país abordar el conflicto armado y pretender la reconciliación, ofrece enormes dificultades particularmente en época de elecciones; la turbulencia generada por los partidos y las posiciones políticas extremas, que responden a sus propios intereses, hace vana cualquier intención o esfuerzo que conduzca al acercamiento o al diálogo con los actores armados.
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Como el logro de la paz es una tarea difícil y de largo aliento, la crítica destructiva, la desinformación y la mentira, son insidias frecuentemente utilizadas dado su poder de destrucción. Desde luego que esto es diferente al necesario y democrático debate ideológico, a la confrontación de ideas y propuestas; es legítima la oposición al Gobierno, a sus políticas y programas incluso en los asuntos de la paz, cuando lo que prima son los argumentos y los derechos de las personas.
Antes y después de las elecciones, gobernar y encausar las instituciones para contrarrestar el conflicto armado, así como todas las formas de violencia es primordial. Satisfacer los reclamos de las comunidades, proteger a las víctimas y conservar el orden público, no depende únicamente de los mandatarios locales; por ello, sus reclamos y reproches son válidos. Pero, lo que no es admisible ni ética ni políticamente, es utilizar la tragedia y las dificultades de las personas para manipularlas. El proceso electoral al que se le vaticinó fatalidad y enormes dificultades se cumplió en Colombia, hubo algunos hechos condenables que afectaron la vida y la integridad de las personas, así mismo, ciertas situaciones de perturbación al certamen democrático y alteración de resultados electorales.
El mapa de Colombia con los escenarios de violencia, la presencia y dominación de los grupos armados organizados y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto es aterrador; pero no es menos grave, el influjo de los clanes, familias, dirigentes, grupos de malhechores, que se dedican al engaño, constreñimiento, fraude y corrupción al sufragante; los anteriores delincuentes suelen asociarse, acuerdan respaldos y de esta manera mantienen el control político y territorial.
Vale la pena revisar el carácter multifactorial en la comprensión de las elecciones populares- Esencialmente es un ejercicio de libertad del ciudadano para que decida quien lo va a representar, que candidato va a ocupar un cargo público, lo que implica escoger entre varias opciones. Hoy la democracia se considera como un sistema en el cual la titularidad del poder político reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes.
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El voto sin coacción ni apremio es el medio o instrumento que permite concretar la voluntad de expresión, aunque va más allá, es la manifestación de las personas sobre su preferencia ante ciertas alternativas. Las elecciones populares caracterizan al Estado de derecho, en oposición al absolutismo; encierra un sentimiento patrio, convoca al cumplimiento de los deberes ciudadanos, a la participación en la vida política, cívica y comunitaria, como lo enseña la Constitución de 1991; cuando se elige a conciencia se puede cambiar el rumbo del país.
Sobre los resultados de las pasadas elecciones, la prédica de triunfo del Gobierno, de sus partidos afines, y a su vez de la oposición, debe quedar atrás junto con la descalificación y la terquedad. Hay un mandato claro del pueblo: se necesita realizar un trabajo articulado, cercano entre el Gobierno y los nuevos mandatarios. La búsqueda de la paz y la reconciliación es vital, urgente, inaplazable, requiere compromiso ciudadano y el esfuerzo permanente e indeclinable de todas las autoridades.